Gobierno peruano ordena a militares controlar epicentro de protestas contra millonario proyecto minero

Por Marco Aquino

LIMA, 9 mayo (Reuters) - El presidente peruano Ollanta Humala autorizó el sábado a los militares tomar el control de una zona del sur del país asolada por protestas contra un millonario proyecto minero de cobre, que han dejado tres muertos y más de 200 heridos.

En una resolución suprema firmada por Humala, el Gobierno facultó a las fuerzas armadas hasta el 7 de junio a "evitar actos violentos" en la provincia Islay, tras fuertes choques entre la policía y agricultores que rechazan el proyecto Tía María de la minera Southern Copper, de capitales mexicanos.

Tía María, un plan de 1.400 millones de dólares, enfrenta el rechazo de algunas comunidades del valle agrícola de Tambo, en Islay, por temores a que su operación contamine sus tierras y las fuentes de agua para sus cultivos.

"El presidente Humala ha tomado esta decisión para que las fuerzas armadas puedan colaborar con la policía para también cuidar instalaciones básicas", dijo a periodistas el ministro de Interior, José Luis Pérez Guadalupe.

La medida se produjo en momentos en que el Gobierno confirmó la muerte de un policía que estuvo grave varios días con heridas en la cabeza. Otros dos civiles también han fallecido producto de enfrentamientos hace unos días con la policía en la protesta que comenzó hace casi siete semanas.[ID:nL1N0XZ2QZ]

También se han reportado unos 240 civiles y policías heridos y daños materiales como la quema de vehículos privados. La protesta ha generado el cierre de los negocios y la suspensión de las clases escolares en la zona desde hace semanas.

De acuerdo a la medida, efectivos del Ejército, Marina y Fuerza Aérea vigilarán el libre tránsito de ciudadanos, la seguridad de puentes, puertos, carreteras y túneles en la zona.

El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, dijo que el Gobierno no descarta decretar el estado de emergencia en Islay, de la región Arequipa, que implica la suspensión de las garantías civiles y la restricción del tránsito de las personas.

"Confiamos en que este paso sea persuasivo y suficiente antes de dar el siguiente paso", afirmó el ministro.

Tía María, que podría producir 120.000 toneladas de cobre, es un plan que lleva varios años retrasado debido a protestas.

CUESTIONADO PROYECTO

La intervención de los militares podría complicar aún más el desarrollo del proyecto. La minería es una actividad clave para la economía del país andino porque sus ventas representan alrededor del 60 por ciento del total de sus exportaciones.

Perú es el tercer productor mundial de cobre.

"Pienso que es momento de suspender el proyecto y restablecer el proceso de dialogo", dijo el experto en conflictos sociales, Franklin Cornejo, a la radio local RPP.

En el 2011, tres personas murieron también por choques con la policía y el Gobierno ordenó a Southern Copper en ese momento un nuevo estudio de impacto ambiental sobre el proyecto Tía María, el cual fue aprobado el año pasado.

Southern Copper, controlada por el Grupo México y que ha afirmado que no dañará el medio ambiente porque usará agua del mar para operar la mina, espera ahora la licencia del Gobierno para comenzar a ejecutar su plan. 

El Gobierno ha creado una mesa de diálogo entre autoridades, agricultores y representantes de la empresa para encontrar una salida al conflicto, pero los dirigentes antimineros abandonaron las negociaciones.

La explotación de recursos naturales en Perú es foco de constantes conflictos sociales por parte de pobladores y comunidades nativas que acusan a las empresas de no respetar sus tierras o de contaminar las zonas donde viven.

Varios proyectos mineros en el país han sido suspendidos en los últimos años en medio de protestas, entre ellos Conga, un plan aurífero de 5.000 millones de dólares de la estadounidense Newmont Mining y la peruana Buenaventura.

En Perú, cuya economía creció en el 2014 a su menor ritmo de cinco años por la caída de los precios de los minerales, hay más de 200 conflictos sociales en su mayoría ligados a temas ambientales, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo local.

(Editado por Rodrigo Charme)