Fuente: New York Times.
Por ALBINSON LINARES 13 de octubre de 2016
El Tribunal Supremo de Justicia aprobó el martes que el presupuesto nacional de 2017 sea presentado por el presidente Nicolás Maduro en la Sala Constitucional de esa institución y no en la Asamblea Nacional, como lo establece la constitución. CreditVenezuelan Presidency, via Agence France-Presse — Getty Images
El martes se produjo otro episodio de la batalla que mantiene enfrentados a los poderes ejecutivo y judicial contra el legislativo en Venezuela.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máximo órgano legal del país, aprobó que el presupuesto nacional de 2017 sea presentado por el presidente Nicolás Maduro ante la Sala Constitucional de ese organismo, y no en la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, como lo establece la Constitución.
Maduro anunció que convocara una asamblea popular el viernes: “Aprobaré por decreto ley y entregaré al Tribunal Supremo el presupuesto del año 2017 para garantizar los derechos del pueblo”.
La decisión desconoce las competencias de la Asamblea Nacional y para varios expertos plantea un peligroso precedente porque le allana el camino a Maduro, con el fin de que pueda gobernar sin tener que someterse a mecanismos de control.
“Esto afecta a la Asamblea Nacional porque la deja sin herramientas legales para dirimir conflictos con otros poderes, pues queda claro que el tribunal supremo ha decidido proteger los intereses del partido de gobierno”, explica el abogado venezolano Mariano de Alba.
El TSJ anunció su fallo con un comunicado en el que explica que fundamenta su decisión en el “desacato que voluntariamente mantiene un grupo mayoritario de diputados que actualmente integran la Asamblea Nacional”.
El desacato es producto de una vieja pugna entre la asamblea y el tribunal por la juramentación de tres diputados indígenas. El congreso de Venezuela está constituido por 163 diputados y el partido político que controle las dos terceras partes de esa representación legislativa (112 diputados) podrá tomar importantes decisiones, consagradas en la Constitución, como remover a los magistrados del TSJ y designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, entre otras funciones.
En las elecciones de diciembre pasado, la oposición venezolana obtuvo 112 diputados pero el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) impugnó la juramentación de tres diputados indígenas del estado Amazonas por presuntas irregularidades en la votación. La Sala Electoral del TSJ suspendió la juramentación de esos parlamentarios mientras se realizaban las investigaciones, sin embargo, la asamblea los incorporó en julio de este año por lo que el tribunal declaró el desacato.
La decisión más reciente de no reconocer la autoridad sobre el presupuesto se produce mientras la oposición trata de impulsar un proceso de referendo revocatorio que podría sacar a Maduro del poder.
Henry Ramos Allup, el presidente de la Asamblea Nacional, el jueves calificó a la Sala Constitucional como un “pudridero”.
“Que me enjuicien, que me destituyan, que me allanen el fuero, que hagan lo que les dé la gana, que violen la constitución”, afirmó Ramos Allup, quien según las encuestas más recientes se ha posicionado como un fuerte candidato a la presidencia.
El dirigente también anunció que acudirá a la Organización de Estados Americanos para exponer las consecuencias de este medida judicial. “La Carta Democrática está activada y ha dicho el mismo Almagro que ya hay que aplicar medidas más severas porque el gobierno sigue agravando la situación de quebrantamiento del orden constitucional y del orden democrático”.
José Ignacio Hernández, experto constitucional venezolano, define la medida del TSJ como una violación de la aprobación parlamentaria del presupuesto, que es un principio democrático en muchos países.
Además hace hincapié en otro aspecto del fallo: “La sentencia dice que mientras se mantenga la imposibilidad jurídica de la asamblea, esa sala tendrá que asumir sus funciones, es decir, ahora lo hizo con el presupuesto, mañana puede ser una ley o cualquier otra función. Es una anulación del legislativo”.
Por ALBINSON LINARES 13 de octubre de 2016
El Tribunal Supremo de Justicia aprobó el martes que el presupuesto nacional de 2017 sea presentado por el presidente Nicolás Maduro en la Sala Constitucional de esa institución y no en la Asamblea Nacional, como lo establece la constitución. CreditVenezuelan Presidency, via Agence France-Presse — Getty Images
El martes se produjo otro episodio de la batalla que mantiene enfrentados a los poderes ejecutivo y judicial contra el legislativo en Venezuela.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máximo órgano legal del país, aprobó que el presupuesto nacional de 2017 sea presentado por el presidente Nicolás Maduro ante la Sala Constitucional de ese organismo, y no en la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, como lo establece la Constitución.
Maduro anunció que convocara una asamblea popular el viernes: “Aprobaré por decreto ley y entregaré al Tribunal Supremo el presupuesto del año 2017 para garantizar los derechos del pueblo”.
La decisión desconoce las competencias de la Asamblea Nacional y para varios expertos plantea un peligroso precedente porque le allana el camino a Maduro, con el fin de que pueda gobernar sin tener que someterse a mecanismos de control.
“Esto afecta a la Asamblea Nacional porque la deja sin herramientas legales para dirimir conflictos con otros poderes, pues queda claro que el tribunal supremo ha decidido proteger los intereses del partido de gobierno”, explica el abogado venezolano Mariano de Alba.
El TSJ anunció su fallo con un comunicado en el que explica que fundamenta su decisión en el “desacato que voluntariamente mantiene un grupo mayoritario de diputados que actualmente integran la Asamblea Nacional”.
El desacato es producto de una vieja pugna entre la asamblea y el tribunal por la juramentación de tres diputados indígenas. El congreso de Venezuela está constituido por 163 diputados y el partido político que controle las dos terceras partes de esa representación legislativa (112 diputados) podrá tomar importantes decisiones, consagradas en la Constitución, como remover a los magistrados del TSJ y designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, entre otras funciones.
En las elecciones de diciembre pasado, la oposición venezolana obtuvo 112 diputados pero el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) impugnó la juramentación de tres diputados indígenas del estado Amazonas por presuntas irregularidades en la votación. La Sala Electoral del TSJ suspendió la juramentación de esos parlamentarios mientras se realizaban las investigaciones, sin embargo, la asamblea los incorporó en julio de este año por lo que el tribunal declaró el desacato.
La decisión más reciente de no reconocer la autoridad sobre el presupuesto se produce mientras la oposición trata de impulsar un proceso de referendo revocatorio que podría sacar a Maduro del poder.
Henry Ramos Allup, el presidente de la Asamblea Nacional, el jueves calificó a la Sala Constitucional como un “pudridero”.
“Que me enjuicien, que me destituyan, que me allanen el fuero, que hagan lo que les dé la gana, que violen la constitución”, afirmó Ramos Allup, quien según las encuestas más recientes se ha posicionado como un fuerte candidato a la presidencia.
El dirigente también anunció que acudirá a la Organización de Estados Americanos para exponer las consecuencias de este medida judicial. “La Carta Democrática está activada y ha dicho el mismo Almagro que ya hay que aplicar medidas más severas porque el gobierno sigue agravando la situación de quebrantamiento del orden constitucional y del orden democrático”.
José Ignacio Hernández, experto constitucional venezolano, define la medida del TSJ como una violación de la aprobación parlamentaria del presupuesto, que es un principio democrático en muchos países.
Además hace hincapié en otro aspecto del fallo: “La sentencia dice que mientras se mantenga la imposibilidad jurídica de la asamblea, esa sala tendrá que asumir sus funciones, es decir, ahora lo hizo con el presupuesto, mañana puede ser una ley o cualquier otra función. Es una anulación del legislativo”.
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