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A dos años de la revuelta que viró al país hacia Occidente, Ucrania vive su era neoliberal sumida en una crisis

Fuente: Télam. 

La primera víctima de esta crisis se conoció hace unos días, cuando el partido del presidente Petro Poroshenko anunció la ruptura de la coalición de gobierno y dejó al borde del abismo al cada vez más impopular primer ministro Arseni Yatseniuk, sobre el que pesan denuncias de corrupción y de presuntos vínculos pro rusos.

"La pelea entre Yatseniuk y Poroshenko no tiene nada que ver con intereses pro rusos o anti rusos, tiene que ver con intereses comerciales y económicos", explicó a Télam Volodymyr Ishchenko, vice director del Center for Social and Labor Research de Kiev, un centro de pensamiento crítico del giro neoliberal de los últimos años y de las anteriores políticas diseñadas a la medida de Moscú.

Tanto Poroshenko como Yatseniuk fueron denunciados recientemente por funcionarios que pegaron el portazo, de amparar prácticas corruptas y beneficiar a ciertos oligarcas, como se conoce en Ucrania a las personas que se hicieron ricos del día a la mañana tras la caída de la Unión Soviética.

La popularidad del primer ministro está por el suelo y la del presidente se mantiene un poco mejor, pero no mucho.
A ninguno de estos dos ex aliados y promotores de la revuelta popular y polémica destitución del anterior presidente, el pro ruso Vikot Yanukovich, a principios de 2014, les conviene que no se pueda formar un nuevo gobierno y haya que volver a las urnas.

Pero los dos dirigentes, que asumieron con el completo apoyo del FMI, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, no sólo perdieron apoyo popular por no combatir la corrupción estructural, sino que además son los máximos responsables del sombrío panorama económico actual.

El año pasado el ingreso real de la población cayó un 25% de la mano de la fuerte devaluación y una inflación de 43%, al tiempo que los costos de los servicios básicos de agua, electricidad y gas aumentaron entre tres y cinco veces, según la zona del país, enumeró Vasyl Povoroznyk, un analista económico del International Centre for Policy Studies en Kiev, en diálogo telefónico con Télam.

Además, todos los trabajadores pagan hace casi dos años un impuesto especial del 1,5% de su salario para financiar la guerra contra las milicias pro rusas que aún controlan los gobiernos centrales de las dos principales provincias industriales del este del país, Donetsk y Lugansk.

Povoroznyk sostiene que la propuesta económica del presidente y del premier es correcta, pero que el problema está en "la implementación". "No está produciendo buenos resultados", reconoció el economista.

El PIB cayó de 185.000 millones de dólares a 85.000 millones, en parte porque el comercio con Rusia, el socio privilegiado de Kiev hasta el derrocamiento de Yanukovich, se redujo en alrededor de un 80%.

Una señal de que el gobierno tenía planeado, al menos antes del estallido de la crisis, mantener la misma dirección, es que proyectó como meta para este año reducir el déficit presupuestario del 15% a un 3,7%, una misión que no será fácil ya que en 2015 el Parlamento ucraniano aprobó una reforma impositiva, cuya medida estrella fue reducir de 40% a 22% el impuesto que pesa sobre los salarios.

La recaudación de ese impuesto se utiliza para nutrir las arcas del sistema público de jubilaciones y el llamado fondo social unificado, que se usa para pagar el seguro de desempleo y otros beneficios para los trabajadores, como por ejemplo, durante la licencia materna o una enfermedad.

Povoroznik explicó que el gobierno achicó casi a la mitad ese impuesto para "incentivar a las empresas a que contraten a más empleados de manera formal". Pese a que no hay investigaciones recientes, el analista estimó que el sector informal representa entre un 40% y un 70% de la economía ucraniana.

La medida podría producir una desfinanciación del sistema jubilatorio y de ese fondo social, al menos en un corto plazo, pero el gobierno de Yatseniuk no anunció ninguna reducción del gasto en esas áreas.

"Se cubrirá con fuentes alternativas de ingresos... con privatizaciones por ejemplo", acotó Povoroznik.

La privatización de sectores atractivos para inversores es una de las "reformas" que el FMI reclama, junto con leyes anticorrupción, para completar la entrega a Ucrania de 17.500 millones de dólares de un crédito de ayuda, parte de un paquete más amplio de asistencia a Kiev con el que la comunidad internacional se ha comprometido a movilizar hasta 40.000 millones de dólares en cuatro años.

El FMI ya desembolsó 6.700 millones, pero desde hace meses retiene el tercer pago de 1.700 millones y, recientemente, su directora, la francesa Christine Lagarde, lanzó una clara amenaza.

"Sin esfuerzos sustanciales para mejorar la reforma de gobierno y la lucha contra la corrupción, el programa de ayuda no podrá mantenerse", escribió en una nota difundida por su oficina.

Este dinero, sin embargo, tiene como condición que no puede ser usado para reducir el déficit presupuestario, un objetivo que aún no está claro cómo alcanzará este año Kiev. El FMI reclama que su dinero se destine a mantener la estabilidad monetaria del país y evitar otra masiva devaluación.

El sociólogo ucraniano Volodymyr Ishchenko destaca dos datos preocupantes en este escenario.

Por un lado, la creciente dependencia de Kiev de esta ayuda internacional. Dado que los mercados de capitales internacionales aún siguen cerrados para la ex república soviética y que su ruptura con Rusia es casi total, Ucrania sólo puede conseguir divisas a través de los organismos internacionales de crédito.

Por otro lado, existe un discurso dominante a favor de las medidas neoliberales y ningún grupo social o político se está movilizando para protestar por la dramática situación económica.

"Los medios nos dicen al unísono que el FMI, la UE y Estados Unidos nos quieren ayudar y que necesitamos hacer reformas; el problema es que nunca explican el contenido de esas reformas ni cuáles serían sus consecuencias", advirtió el analista.

"Todos reclaman reformas en Ucrania, pero no todos se refieren a lo mismo. Para el FMI, la UE y Estados Unidos, las reformas son más desregulación, privatizaciones y la lucha contra la corrupción; para la mayoría de la gente con la que uno habla se trata de regular más a los oligarcas, mejorar los salarios y los estándares de vida", continuó.

Enfrentado a Moscú, dependiente del FMI, acosado por un conflicto armado que no puede resolver y cercado por una sociedad cada vez más descontenta, el gobierno ucraniano se adentra cada vez más en una crisis irresoluble.

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