Fuente: Telesur y Librered.com
El Gobierno argentino emitirá la deuda para pagar a los fondos buitre más de 4 mil millones dólares mediante bonos, según lo acordado en un de plazo seis semanas.
Durante una conferencia de prensa, el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, dijo que depende del Congreso votar a favor del Ejecutivo para derogar la ley Cerrojo y la ley de Pago Soberano, impulsada en la administración de Cristina Fernández, y así cumplir la exigencia del juez Thomas Griesa para proceder con la concreción del acuerdo.
La emisión de bonos de deuda por casi 15 millones de dólares pone en contra reloj a la administración del presidente Mauricio Macri, que deberá pedir prestado para cancelar a los inversores argentinos que ganaron el caso pari passu contra el Estado en 2014.
Fernández blindó la economía argentina con la ley de Pago Soberano que establecía la implementación de instrumentos legales que permitan el cobro de los títulos al 100 por 100 celebrados en el marco de los contratos públicos en los años 2005 y 2010.
“Eso es lo que quiere la Argentina, incluir en esta ley a los que entraron en el canje que representan el 7,6 por ciento (los demandantes)”, dijo en su momento la exmandataria.
Ahora, Macri pretende eliminar las leyes promulgadas en 2015 precisamente para proteger la soberanía financiera del país. El mediador en Nueva York, Daniel Pollack fue claro: las partes podrán acordar una extensión de la fecha límite de pago, prevista para el mediodía del 14 de abril, y el saldo deberá realizarse en efectivo y en dólares, de no ser así el preacuerdo caerá”.
Esta semana el Ejecutivo presentará al Congreso una nueva Legislatura para anular las dos legislaciones condicionadas por el juez neoyorquino, bajo el argumento de que “queremos resolver este problema para volver a tener acceso a los préstamos en el mercado internacional de capitales”.
A juicio de Prat-Gay, a través de préstamos y créditos (mayor endeudamiento) el Gobierno podrá avanzar en sus planes de desarrollo nacional.
Griesa ha dicho que solo después de que el gobierno abone a los fondos buitre y al resto de los bonistas, levantará el bloqueo a los pagos a los acreedores reestructurados mediante bancos norteamericanos .
Ese grupo constituye el 93 por ciento de tenedores de títulos que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, indica Prensa Latina.
Soga al cuello
Según el análisis del economista, Aldo Ferrer, el dictamen del juez, Thomas Griesa, de derogar la ley Cerrojo y de Pago Soberano para amparar a los acreedores que no entraron en los canjes “afecta la soberanía nacional”.
“El Congreso debería revisar los pormenores de ese arreglo, debido a que se trata de “una decisión que puede comprometer el futuro de los argentinos. “No es posible que un juez de Nueva York le diga al país que se debe derogar una ley para que se llegue a un acuerdo. Eso afecta la soberanía nacional y la división de poderes”, subrayó Ferrer.
Telesur
El Gobierno argentino emitirá la deuda para pagar a los fondos buitre más de 4 mil millones dólares mediante bonos, según lo acordado en un de plazo seis semanas.
Durante una conferencia de prensa, el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, dijo que depende del Congreso votar a favor del Ejecutivo para derogar la ley Cerrojo y la ley de Pago Soberano, impulsada en la administración de Cristina Fernández, y así cumplir la exigencia del juez Thomas Griesa para proceder con la concreción del acuerdo.
La emisión de bonos de deuda por casi 15 millones de dólares pone en contra reloj a la administración del presidente Mauricio Macri, que deberá pedir prestado para cancelar a los inversores argentinos que ganaron el caso pari passu contra el Estado en 2014.
Fernández blindó la economía argentina con la ley de Pago Soberano que establecía la implementación de instrumentos legales que permitan el cobro de los títulos al 100 por 100 celebrados en el marco de los contratos públicos en los años 2005 y 2010.
“Eso es lo que quiere la Argentina, incluir en esta ley a los que entraron en el canje que representan el 7,6 por ciento (los demandantes)”, dijo en su momento la exmandataria.
Ahora, Macri pretende eliminar las leyes promulgadas en 2015 precisamente para proteger la soberanía financiera del país. El mediador en Nueva York, Daniel Pollack fue claro: las partes podrán acordar una extensión de la fecha límite de pago, prevista para el mediodía del 14 de abril, y el saldo deberá realizarse en efectivo y en dólares, de no ser así el preacuerdo caerá”.
Esta semana el Ejecutivo presentará al Congreso una nueva Legislatura para anular las dos legislaciones condicionadas por el juez neoyorquino, bajo el argumento de que “queremos resolver este problema para volver a tener acceso a los préstamos en el mercado internacional de capitales”.
A juicio de Prat-Gay, a través de préstamos y créditos (mayor endeudamiento) el Gobierno podrá avanzar en sus planes de desarrollo nacional.
Griesa ha dicho que solo después de que el gobierno abone a los fondos buitre y al resto de los bonistas, levantará el bloqueo a los pagos a los acreedores reestructurados mediante bancos norteamericanos .
Ese grupo constituye el 93 por ciento de tenedores de títulos que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, indica Prensa Latina.
Soga al cuello
Según el análisis del economista, Aldo Ferrer, el dictamen del juez, Thomas Griesa, de derogar la ley Cerrojo y de Pago Soberano para amparar a los acreedores que no entraron en los canjes “afecta la soberanía nacional”.
“El Congreso debería revisar los pormenores de ese arreglo, debido a que se trata de “una decisión que puede comprometer el futuro de los argentinos. “No es posible que un juez de Nueva York le diga al país que se debe derogar una ley para que se llegue a un acuerdo. Eso afecta la soberanía nacional y la división de poderes”, subrayó Ferrer.
Telesur
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