Fuente: DW.
El Tribunal Constitucional español admitió a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno español. No obstante, el Gobierno de Cataluña anunció que cumplirá la resolución independentista.
Al imponer el recurso, el presidente español, Mariano Rajoy dijo que “defenderá con firmeza la unidad de la nación”.
Según informaron medios españoles, la decisión de suspender de forma cautelar e inmediata laresolución aprobada por el Parlamento de Cataluña, para iniciar el proceso hacia la independencia de la región española, fue tomada por unanimidad entre los magistrados que componen el Tribunal Constitucional (TC).
Cinco meses
La suspensión provisional, que entra en vigor de forma automática, se extenderá durante un máximo de cinco meses, hasta que se falle al respecto. Mientras tanto, el contenido de la resolución secesionista catalana carece de validez.
Se trata de un plazo destinado a que los magistrados puedan analizar con detalle los argumentos planteados en el recurso del Ejecutivo, cuyo fundamento jurídico es un informe aprobado la víspera por el Consejo de Estado, un órgano consultivo.
El alto tribunal respondió así al recurso presentado horas antes por el Gobierno español y decidió notificar personalmente la decisión judicial a 21 altos cargos catalanes, tal y como había solicitado el Ejecutivo de Rajoy.
Advertencia
Dado que la moción secesionista proclama que no se respetarán las resoluciones que adopte el TC contra el proceso, el Ejecutivo español había pedido también pedía que se les apercibiera a los altos cargos catalanes del deber de acatar la decisión judicial y de la posibilidad de ser acusados de desobediencia en caso de no hacerlo.
Entre los altos cargos señalados por el Gobierno están el jefe del Ejecutivo catalán en funciones, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento catalán, la independentista Carme Forcadell. Ambos podrían ser suspendidos de sus funciones si no acatan la decisión del Constitucional, en virtud de una reforma reciente de la ley del alto tribunal.
¿Desobediencia?
Por su parte, el Gobierno de Cataluña anunció que cumplirá la resolución independentista, a pesar de la advertencia a cargos públicos: "No es una desobediencia (al Constitucional) sino una obediencia a un mandato democrático que emana de nuestro Parlamento", dijo en rueda de prensa la "número dos" en funciones del Ejecutivo catalán, Neus Munté. La vicepresidenta acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de "utilizar" el alto tribunal para "poner una mordaza" a los "anhelos de libertad" de los ciudadanos de Cataluña.
La declaración independentista suspendida fue aprobada el lunes (9.11.2015) en el Parlamento catalán con los votos a favor de las dos fuezas políticas soberanistas representadas en la Cámara: la coalición Junts pel Sí −impulsada por el ahora jefe del Ejecutivo en funciones, Artur Mas− y el partido anticapitalista CUP.
El texto, aprobado por 72 votos contra 63, contemplaba iniciar de manera formal el camino hacia la creación de un nuevo Estado catalán "en forma de república" e instaba a aprobar en un plazo máximo de un mes tres leyes −"leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública"− para sentar sus bases.
RML (dpa, efe)
El Tribunal Constitucional español admitió a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno español. No obstante, el Gobierno de Cataluña anunció que cumplirá la resolución independentista.
Al imponer el recurso, el presidente español, Mariano Rajoy dijo que “defenderá con firmeza la unidad de la nación”.
Según informaron medios españoles, la decisión de suspender de forma cautelar e inmediata laresolución aprobada por el Parlamento de Cataluña, para iniciar el proceso hacia la independencia de la región española, fue tomada por unanimidad entre los magistrados que componen el Tribunal Constitucional (TC).
Cinco meses
La suspensión provisional, que entra en vigor de forma automática, se extenderá durante un máximo de cinco meses, hasta que se falle al respecto. Mientras tanto, el contenido de la resolución secesionista catalana carece de validez.
Se trata de un plazo destinado a que los magistrados puedan analizar con detalle los argumentos planteados en el recurso del Ejecutivo, cuyo fundamento jurídico es un informe aprobado la víspera por el Consejo de Estado, un órgano consultivo.
El alto tribunal respondió así al recurso presentado horas antes por el Gobierno español y decidió notificar personalmente la decisión judicial a 21 altos cargos catalanes, tal y como había solicitado el Ejecutivo de Rajoy.
Advertencia
Dado que la moción secesionista proclama que no se respetarán las resoluciones que adopte el TC contra el proceso, el Ejecutivo español había pedido también pedía que se les apercibiera a los altos cargos catalanes del deber de acatar la decisión judicial y de la posibilidad de ser acusados de desobediencia en caso de no hacerlo.
Entre los altos cargos señalados por el Gobierno están el jefe del Ejecutivo catalán en funciones, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento catalán, la independentista Carme Forcadell. Ambos podrían ser suspendidos de sus funciones si no acatan la decisión del Constitucional, en virtud de una reforma reciente de la ley del alto tribunal.
¿Desobediencia?
Por su parte, el Gobierno de Cataluña anunció que cumplirá la resolución independentista, a pesar de la advertencia a cargos públicos: "No es una desobediencia (al Constitucional) sino una obediencia a un mandato democrático que emana de nuestro Parlamento", dijo en rueda de prensa la "número dos" en funciones del Ejecutivo catalán, Neus Munté. La vicepresidenta acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de "utilizar" el alto tribunal para "poner una mordaza" a los "anhelos de libertad" de los ciudadanos de Cataluña.
La declaración independentista suspendida fue aprobada el lunes (9.11.2015) en el Parlamento catalán con los votos a favor de las dos fuezas políticas soberanistas representadas en la Cámara: la coalición Junts pel Sí −impulsada por el ahora jefe del Ejecutivo en funciones, Artur Mas− y el partido anticapitalista CUP.
El texto, aprobado por 72 votos contra 63, contemplaba iniciar de manera formal el camino hacia la creación de un nuevo Estado catalán "en forma de república" e instaba a aprobar en un plazo máximo de un mes tres leyes −"leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública"− para sentar sus bases.
RML (dpa, efe)
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