Fuente: Clarin.
Un nuevo peritaje incorporado a la causa que investiga un derrame de cianuro de la minera Barrick Gold en San Juan ocurrido el 13 de septiembre de 2015 dio como resultado que al menos cinco ríos fueron contaminados, por lo que se ordenó analizar muestras de redes domiciliarias de agua para establecer si hay riesgo para la salud humana. Frente a esto, el gobierno provincial señaló en base a otros estudios que “no hay peligro” de ningún tipo para la población.
El fiscal federal Ramiro González, a cargo del caso, reveló el peritaje hecho por la división Delitos Ambientales de la Policía Federal que da cuenta de la contaminación y solicitó, además, un informe a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en base a muestras tomadas de la red de agua de las localidades sanjuaninas de Chinguillos y Agualasto. “Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051, por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas prohibidas”, dice la pericia de la dada a conocer ayer.
El mismo estudio agrega: “Todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total en el agua”. Otra conclusión: “El volcar efluentes fuera del rango legislativo es considerado evacuación contaminante, por tal motivo el haber descubierto constituyentes peligrosos por fuera de los valores establecidos para la preservación de la vida acuática, constituye una clara infracción”.
La información desató una nueva polémica en torno al caso. Y provocó que el gobierno de San Juan saliera al cruce de los datos. A través de comunicados y funcionarios aseguró que los ríos “no fueron contaminados ni tampoco lo fue el suministro domiciliario” después del derrame ocurrido en un ducto de la mina Veladero el 13 de septiembre último. Se cree que ese día falló una válvula del Valle de Lixiviación, un área de 53 hectáreas donde se vierte el agua cianurada. Y que aparentemente estaba abierta una compuerta que debía estar cerrada y esto provocó que el fluido llegara a los ríos.
Primero, se informó que el derrame había sido de 15.000 litros. Luego la misma Barrick confirmó en la Justicia que era cuatro veces superior. Y finalmente, en un nuevo escrito, la compañía confirmó la cifra final: 1.072.000 litros. Desde entonces, la causa está a cargo del juez federal Sebastián Casanello, aunque aún la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que decidir si se sigue en el ámbito porteño o en San Juan, donde también hay una investigación abierta.
El tema de los riesgos que implica la actividad minera para el medio ambiente y la salud de poblaciones cercanas cobró actualidad en las últimas semanas a partir de que el gobierno nacional anunció la eliminación de retenciones para las empresas del sector “sin la contrapartida de medidas de protección” para las comunidades y el ambiente, según advirtieron dirigentes como Lilita Carrio y Margarita Stolbizer.
Según el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería de San Juan, Marcelo Giglione, al gobierno local lo “sorprendió la publicación del informe”. El funcionario expresó que ellos cuentan con estudios “del Centro de Investigaciones para la Prevensión de la Contaminación Minera e Industrial (CIPCAMI), el Instituto Nacional del Agua y otros laboratorios privados que indican que nunca hubo contaminación de los ríos por el evento”.
Mediante un comunicado, Barrick se pronunció en la misma dirección. “El análisis de muestras –expresó– hecho por laboratorios externos y por diversas entidades públicas y privadas confirma que no hubo ni hay riesgos para la salud de los trabajadores, las comunidades o el ambiente”. Y prosiguió: “Esto, además, ha sido confirmado por numerosos estudios de terceros tales como el Instituto Nacional del Agua, la Universidad Nacional de San Juan y el Centro de Investigaciones para la Prevención de la Contaminación Minera e Industrial”.
El comunicado cierra: “En relación a otras sales y minerales que se mencionan, la compañía destaca que son producto de la presencia natural e histórica de estos componentes en los ríos de la zona. Por último, Barrick no ha sido notificada sobre las actuaciones de la Justicia federal mencionadas en los medios periodísticos el día de la fecha. La compañía se encuentra comprometida a colaborar con cualquier requerimiento de la Justicia”.
El fiscal federal Ramiro González, a cargo del caso, reveló el peritaje hecho por la división Delitos Ambientales de la Policía Federal que da cuenta de la contaminación y solicitó, además, un informe a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en base a muestras tomadas de la red de agua de las localidades sanjuaninas de Chinguillos y Agualasto. “Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051, por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas prohibidas”, dice la pericia de la dada a conocer ayer.
El mismo estudio agrega: “Todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total en el agua”. Otra conclusión: “El volcar efluentes fuera del rango legislativo es considerado evacuación contaminante, por tal motivo el haber descubierto constituyentes peligrosos por fuera de los valores establecidos para la preservación de la vida acuática, constituye una clara infracción”.
La información desató una nueva polémica en torno al caso. Y provocó que el gobierno de San Juan saliera al cruce de los datos. A través de comunicados y funcionarios aseguró que los ríos “no fueron contaminados ni tampoco lo fue el suministro domiciliario” después del derrame ocurrido en un ducto de la mina Veladero el 13 de septiembre último. Se cree que ese día falló una válvula del Valle de Lixiviación, un área de 53 hectáreas donde se vierte el agua cianurada. Y que aparentemente estaba abierta una compuerta que debía estar cerrada y esto provocó que el fluido llegara a los ríos.
Primero, se informó que el derrame había sido de 15.000 litros. Luego la misma Barrick confirmó en la Justicia que era cuatro veces superior. Y finalmente, en un nuevo escrito, la compañía confirmó la cifra final: 1.072.000 litros. Desde entonces, la causa está a cargo del juez federal Sebastián Casanello, aunque aún la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que decidir si se sigue en el ámbito porteño o en San Juan, donde también hay una investigación abierta.
El tema de los riesgos que implica la actividad minera para el medio ambiente y la salud de poblaciones cercanas cobró actualidad en las últimas semanas a partir de que el gobierno nacional anunció la eliminación de retenciones para las empresas del sector “sin la contrapartida de medidas de protección” para las comunidades y el ambiente, según advirtieron dirigentes como Lilita Carrio y Margarita Stolbizer.
Según el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería de San Juan, Marcelo Giglione, al gobierno local lo “sorprendió la publicación del informe”. El funcionario expresó que ellos cuentan con estudios “del Centro de Investigaciones para la Prevensión de la Contaminación Minera e Industrial (CIPCAMI), el Instituto Nacional del Agua y otros laboratorios privados que indican que nunca hubo contaminación de los ríos por el evento”.
Mediante un comunicado, Barrick se pronunció en la misma dirección. “El análisis de muestras –expresó– hecho por laboratorios externos y por diversas entidades públicas y privadas confirma que no hubo ni hay riesgos para la salud de los trabajadores, las comunidades o el ambiente”. Y prosiguió: “Esto, además, ha sido confirmado por numerosos estudios de terceros tales como el Instituto Nacional del Agua, la Universidad Nacional de San Juan y el Centro de Investigaciones para la Prevención de la Contaminación Minera e Industrial”.
El comunicado cierra: “En relación a otras sales y minerales que se mencionan, la compañía destaca que son producto de la presencia natural e histórica de estos componentes en los ríos de la zona. Por último, Barrick no ha sido notificada sobre las actuaciones de la Justicia federal mencionadas en los medios periodísticos el día de la fecha. La compañía se encuentra comprometida a colaborar con cualquier requerimiento de la Justicia”.
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