Primera eutanasia de América Latina se practicó en Colombia

Fuentes: CC, Los Andes, La Nación y AP. 

Un colombiano de 79 años aquejado de un cáncer que le causaba terribles dolores y le había desfigurado el rostro, fue sometido ayer a la primera eutanasia legal que se realiza en Colombia y también en América Latina, donde es un asunto que sigue siendo tabú en la mayor parte de los países. 

El procedimiento aplicado a Ovidio González en un centro oncológico de Pereira (centro de Colombia) fue posible gracias a que desde abril pasado existe en el país cafetero un protocolo para la muerte asistida elaborado por el Ministerio de Salud por orden de la Corte Constitucional. 

Según el protocolo, al enfermo que cumple con los requisitos para la muerte asistida se le aplica simplemente una potente sedación que finalmente le provoca un paro respiratorio no traumático.

Ningún otro país de América Latina ha llegado tan lejos en el derecho a una muerte digna, algo que contrasta con la liberalidad demostrada por algunos países de la región respecto a otros asuntos también polémicos como el aborto, el matrimonio homosexual y la despenalización de las drogas.

Según dijo Carmenza Ochoa, titular de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, fundada en Colombia hace 35 años, este caso es el primero de eutanasia legal en América Latina. 

“Señores oncólogos de Occidente SA. Yo, José Ovidio González Correa, con 79 años de edad, en uso pleno de mis facultades mentales y de manera libre y voluntaria, manifiesto mi intención de que se me realice la eutanasia. La anterior solicitud la hago bajo la gravedad de juramento, con la convicción libre y absoluta del ejercicio de mi derecho fundamental a morir dignamente”, escribió el enfermo cuando solicitó el procedimiento. 

González tenía programada la eutanasia inicialmente para la semana pasada, pero a último momento el centro médico la canceló debido a la polémica y a las disquisiciones médicas sobre el caso. 

Finalmente, anteayer un comité de expertos aprobó la eutanasia solicitada por González, quien les pidió que se le hiciera cuanto antes para no seguir sufriendo. 

En Argentina está prohibida la eutanasia, así como el llamado “suicidio asistido”, que se castiga como homicidio, pero desde 2012 está vigente la ley de “muerte digna” que garantiza el derecho de los enfermos terminales a rechazar cirugías, tratamientos médicos o de reanimación para prolongar su vida.

Esa ley fue aprobada a raíz del debate abierto por Selva y Carlos, los padres de Camila, una bebé en estado vegetativo irreversible desde su nacimiento, quienes pidieron una muerte digna para su hija después de que los médicos se negasen a desconectar los aparatos que la mantenían viva. Tras la entrada en vigencia de la ley, Camila murió el 7 de junio de 2012, con tres años, al ser desconectada del respirador. 

Los padres iniciaron una cruzada en el Congreso para que se sancionara una ley que garantizase a los enfermos terminales el derecho a rechazar terapias que prolonguen su agonía. Enviaron cartas y recorrieron los pasillos del Congreso. Finalmente, distintos legisladores se hicieron eco del reclamo de esta y otras familias. 

Un decreto controversial que generó reacción de la Iglesia

En abril el gobierno del presidente Juan Manuel Santos promulgó un decreto que establece que los hospitales públicos y privados están obligados a practicar la eutanasia a quienes así lo pidan.

El decreto regula una sentencia de 1997 de la Corte Constitucional que considera que el “derecho a vivir con dignidad”, recogido en la Constitución, implica también el “derecho a morir con dignidad”.

Según el decreto, los hospitales deben crear un comité que evalúe el estado del paciente antes de aplicarle la inyección letal. Sin embargo, el decreto estuvo acompañado de controversia ya que la Iglesia amenazó con cerrar las decenas de hospitales que mantiene en el país “si insisten en obligarnos a matar”, dijo el obispo católico Juan Vicente Córdoba.

También en los hospitales laicos ha surgido el debate. De hecho, la familia de González interpuso un recurso de amparo después de que, 30 minutos antes de recibir la inyección prevista para el martes, el equipo médico se negara a hacerlo.